La Junta de Andalucía convoca ayudas por 16,3 millones a universidades públicas, entidades locales y del tercer sector para favorecer la conciliación

El BOJA ha publicado este lunes 18 esta línea de subvenciones para proyectos de corresponsabilidad, cuyo plazo para solicitarlas finaliza el 10 octubre


La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha convocado ayudas por un valor total de 16,3 millones de euros que están dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, universidades públicas y entidades locales para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado en su edición de hoy, lunes 18 de agosto, la convocatoria de esta línea de subvenciones que forman parte del ‘Plan Corresponsables’ del Ministerio de Igualdad que se puso en marcha en el año 2021 con el objetivo de garantizar el cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres.

Este Plan está destinado a familias con niñas, niños y jóvenes de hasta 16 años, y sus objetivos son: favorecer la conciliación, crear empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignificar y certificar la experiencia profesional del cuidado no formal. «Sin embargo, tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en mayo de este año, con el objetivo de fijar, entre otros, la distribución resultante del crédito destinado en 2025 al desarrollo del Plan Corresponsables, el Ministerio de Igualdad modificó sin previo aviso las reglas del juego. Así, de los 190 millones de euros previstos en los Presupuestos prorrogados del Estado, quedaba reducido a 142,5 millones», explicaron desde la Junta de Andalucía, lo que supone para Andalucía «una merma de 7,8 millones de euros, que el Gobierno andaluz debe aportar a pulmón. Además, el recorte lleva aparejado la obligación de cofinanciar el 25% de los fondos por parte de las comunidades autónomas, circunstancia que se extiende a las entidades locales beneficiarias de las subvenciones». En este contexto, la Junta de Andalucía ha asumido el 12,5% de la cofinanciación, trasladando a las administraciones locales el otro 12,5%, es decir, la mitad de lo exigido, para poner en marcha este 2025 las subvenciones con cargo a este Plan.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo 10 de octubre y la convocatoria se articula en tres líneas específicas:

  • Entidades privadas sin ánimo de lucro, dotada con 3,2 millones de euros para el desarrollo de proyectos relacionados con la conciliación y la corresponsabilidad
  • Universidades públicas, que cuenta con 500.000 euros, lo que supone un aumento de 200.000 euros respecto a la anterior convocatoria, y cuyo objetivo es financiar actividades de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo formación y sensibilización
  • Entidades locales, línea que se publica por primera vez en el marco de esta convocatoria y que dispone de 12,6 millones para impulsar proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad.

Con estas ayudas, convocadas para su tramitación por el procedimiento de urgencia y en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia no competitiva, se pretende financiar actuaciones que contribuyan a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral mediante la creación de servicios de cuidado profesional a través de la habilitación de servicios que puedan prestarse en el domicilio por un número determinado de horas semanales, o bien, que se presten prioritariamente en dependencias públicas, tales como escuelas, centros municipales o polideportivos. En lo que respecta a la línea dirigida a las universidades se contempla subvencionar actuaciones de formación y sensibilización en materia de conciliación, corresponsabilidad y cuidados destinadas a impulsar modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias en las diez instituciones universitarias públicas de Andalucía.

Estas ayudas tienen como destinatarios prioritarios las familias monoparentales y monomarentales, las familias numerosas, las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y las unidades familiares en la que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.