Manolo Barón critica que administraciones y empresas deban asumir costes para regularizar la situación laboral de inmigrantes y reclama mantener la protección humanitaria a ciudadanos venezolanos
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha anunciado este viernes en la sede local del Partido Popular la presentación de una moción al Pleno municipal de mayo relativa a las tasas aplicadas en los procedimientos de extranjería y a las cargas económicas que, según denunció, están asumiendo empresas y administraciones públicas.
En la comparecencia estuvieron también presentes Ana Cebrián, portavoz del Gobierno municipal; Paqui Sánchez, concejal responsable de Políticas de Empleo; y José Manuel Fernández, teniente de alcalde delegado de Hacienda.
Durante su intervención, Barón explicó que la iniciativa del Grupo Popular pretende reclamar al Gobierno central una revisión del sistema de tasas administrativas vinculadas a autorizaciones y modificaciones de residencia y trabajo para personas extranjeras. El regidor centró especialmente sus críticas en la situación de ciudadanos venezolanos residentes en España.
“Desde el 1 de abril de este año 2026, el Gobierno de España ha determinado que en Venezuela no hay una dictadura”, afirmó Barón, quien aseguró que esta decisión ha provocado que ciudadanos venezolanos que residían legalmente en España “por razones humanitarias” deban ahora acreditar una relación laboral para mantener su situación administrativa.
El alcalde señaló que este procedimiento implica el abono de tasas que, según indicó, recaen principalmente sobre empleadores o administraciones públicas. “El trabajador paga una tasa de 10 euros y pico, pero el resto lo tiene que pagar el empleador, 81,54 por persona”, manifestó.
En este sentido, explicó que el Ayuntamiento de Antequera ha tenido que afrontar estos pagos en casos de personas extranjeras participantes en programas municipales de formación y empleo. “Hemos tenido que abrir expedientes de pago para que el Ayuntamiento pague la tasa al Estado por tener a trabajadores extranjeros trabajando bajo el amparo del Ayuntamiento Antequera”, declaró.
Barón sostuvo que esta medida convierte la regularización laboral en un mecanismo recaudatorio. “El Gobierno ha convertido la inmigración regular y la contratación legal en un sistema de recaudación”, afirmó durante la rueda de prensa.
El alcalde también defendió el modelo de convivencia existente en la ciudad respecto a la población extranjera residente. “Antequera tiene una situación de inmigración magnífica”, señaló, añadiendo que en el municipio residen “más de 3.000 personas” procedentes de distintos países, siendo las comunidades más numerosas las de Brasil, Colombia, Marruecos y Venezuela.
La moción que el Grupo Popular llevará al próximo Pleno incluye, entre otros acuerdos, instar al Gobierno de España a “revisar el sistema de tasas administrativas en materia de extranjería”, solicitar “la eliminación de estas tasas que deben abonar los empleadores” y reclamar que las administraciones locales queden exentas del pago de estos importes en procedimientos vinculados a contratación de personas extranjeras.
Asimismo, el texto plantea “que se mantengan mecanismos de protección adecuados para los ciudadanos procedentes de países en situación de especial dificultad humanitaria, como es el caso de Venezuela”, además de reivindicar “una financiación local suficiente y el respeto a la autonomía municipal”.