Lamenta la actitud de confrontación del PP y defiende que el acuerdo sólo pide habilitar una sala informatizada para evitar desplazamientos a Málaga
La polémica en torno al nuevo sistema informatizado para los exámenes teóricos del carné de conducir ha subido de tono en la comarca de Antequera. Tras las críticas del alcalde, Manolo Barón, y del presidente del PP local y secretario provincial, José Ramón Carmona, la Subdelegación del Gobierno en Málaga ha respondido apelando a la “colaboración institucional”.
El regidor antequerano denunció este lunes que la DGT pretende imponer al Ayuntamiento un coste de 125.000 euros para adaptar una sala municipal destinada a la realización de estas pruebas. Barón calificó la propuesta de “chantaje inaceptable” y aseguró que el convenio “obliga al consistorio a asumir competencias que no son municipales”. Según explicó, el Gobierno exige que el Ayuntamiento asuma “fibra óptica, climatización, 15 puestos informatizados, seguridad y mantenimiento técnico”, entre otros requisitos, sin aportación económica estatal.
La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha salido al paso de las críticas, a las que también se unió la alcaldesa de Ronda, en relación con el convenio propuesto por la Dirección General de Tráfico (DGT) para la realización de los exámenes teóricos del carné de conducir.
Desde el Gobierno se lamentan de la actitud de confrontación de los regidores populares de Antequera y Ronda, a quienes se insta a “buscar soluciones para sus vecinos y el sector de las autoescuelas” en lugar de utilizar las instituciones “de forma partidista”. Fuentes de la Subdelegación subrayan que la propuesta de la DGT “no supone ningún tipo de imposición económica”, sino que se limita a pedir a los ayuntamientos que habiliten una sala informatizada que permita realizar los nuevos exámenes digitales sin necesidad de que los aspirantes tengan que desplazarse a Málaga.
En su respuesta, defienden que este modelo se está aplicando con normalidad en numerosos municipios del país, y cita como ejemplo el caso de Marbella, donde, según señalan, se ha mantenido “una actitud de colaboración y contacto permanente” con la DGT para facilitar la implantación del sistema. En cambio, lamentan que Antequera haya optado por la crítica en lugar de la cooperación institucional.
Fuentes gubernamentales recuerdan, además, que el Gobierno de España ha incrementado en un 40% las transferencias a los municipios desde 2018 procedentes de la recaudación de impuestos estatales, y recalcan que el Ejecutivo colabora en múltiples “proyectos beneficiosos” para estas localidades. En ese sentido, sugieren que, si el Ayuntamiento considera que no dispone de recursos suficientes para adaptar el aula requerida, puede solicitar apoyo a la Diputación de Málaga, “que asume sin reparos proyectos millonarios en municipios gobernados por el PP que superan los 20.000 habitantes y que tampoco son de su competencia”.
La Subdelegación insiste en que la iniciativa busca exclusivamente mejorar el servicio a los ciudadanos mediante la modernización de las pruebas teóricas, que ahora incorporan vídeos y material audiovisual, apelando a la colaboración entre administraciones, en lugar de usar las instituciones como herramienta de confrontación.