Las subvenciones para gastos corrientes e inversiones aumentan un 80% y podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre
La Diputación de Málaga ha elevado hasta los 5,45 millones de euros la dotación destinada este año a respaldar a empresas y autónomos de los sectores agroalimentario, agrícola, ganadero y pesquero de la provincia. La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), contempla ayudas tanto para afrontar gastos corrientes como para acometer inversiones y fija el 30 de septiembre como fecha límite para presentar las solicitudes.
El importe supone un incremento del 80% respecto al ejercicio anterior, cuando la partida ascendió a tres millones de euros. La institución provincial plantea estas subvenciones como una herramienta de apoyo a unas actividades especialmente vinculadas a la economía de los municipios rurales y a la generación de empleo.
El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha defendido el carácter estratégico de estos sectores y ha señalado que las ayudas pretenden respaldar tanto a las empresas como a las personas trabajadoras autónomas que desarrollan su actividad en ellos.
“Desde la Diputación consideramos imprescindible ayudar a estos sectores, muy vulnerables, que en los últimos años atraviesan una situación especialmente compleja sobre todo por los efectos del cambio climático, el incremento continuado de los costes de producción y la creciente competencia en los mercados globales”.
La convocatoria establece una cuantía máxima de 6.000 euros para gastos corrientes y de 14.000 euros para inversiones. En este segundo apartado, los proyectos de hasta 10.000 euros, sin IVA, podrán recibir una subvención equivalente al 100% del importe. Cuando la inversión supere esa cantidad, la cobertura será del 85%, con el límite máximo de 14.000 euros.
Desde el alquiler de instalaciones hasta la maquinaria
El abanico de gastos que pueden acogerse a estas ayudas incluye buena parte de los costes habituales de las explotaciones y empresas del sector. Entre los gastos corrientes figuran los alquileres de inmuebles vinculados a la actividad y determinados costes de producción, como la adquisición de alimentos, piensos, abonos agrícolas o el transporte.
La convocatoria incorpora además gastos específicos de cada actividad. En el caso de la pesca, podrán cubrirse desembolsos relacionados con cebo, sal, hielo, envases, aparejos, lubricantes o transporte de productos pesqueros. Para la agricultura y la ganadería se contemplan, entre otros, servicios de labores agrícolas, compra de agua, alquiler de maquinaria y transporte de materiales.
También se incluyen las cuotas de la Seguridad Social de trabajadores autónomos y del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, con las condiciones establecidas en la convocatoria.
En materia de inversiones, las ayudas se orientan principalmente a la modernización y mejora de la capacidad productiva. Podrán financiarse maquinaria, herramientas y equipos, así como actuaciones de automatización y digitalización, mejoras de productividad, cambios de cultivo o de sistemas de regadío y determinados vehículos vinculados a la actividad, como tractores, furgonetas o remolques.
Cambios para adaptar las ayudas al sector primario
La nueva convocatoria llega después de que la Diputación aprobara en julio modificaciones en las bases reguladoras, publicadas posteriormente en el BOP. Los cambios buscan adaptar las condiciones de acceso y justificación a las características de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias.
Entre las novedades figura la modificación de algunos requisitos para acceder a las subvenciones, entre ellos la exigencia de estar dado de alta en determinados epígrafes del Registro Censal Empresarial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Podrán solicitar las ayudas personas físicas y jurídicas, incluidas las sociedades civiles con personalidad jurídica, así como agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y otras unidades económicas o patrimonios separados que carezcan de personalidad jurídica.
La Diputación también ha ampliado el régimen de justificación de las subvenciones y ha introducido modificaciones en la relación de gastos que pueden ser objeto de financiación.
El objetivo declarado por la institución provincial es reforzar la actividad de un sector considerado clave para el mantenimiento de las economías locales. Según ha señalado Salado, estas empresas contribuyen a generar empleo y riqueza en los municipios y a mantener población en las zonas rurales, en un contexto marcado por el aumento de los costes de producción, la competencia internacional y los efectos del cambio climático.